EN DEFENSA DEL AGUA Y PROYECTO ALTO PIURA

Por Rosa María Venegas Mello / Congresista de la República

En mi calidad de congresista de la República y representante del departamento de Piura, el viernes pasado me reuní con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, para tratar acerca de la transferencia de los S/. 75 millones para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Ante mi petición, el premier se comprometió con solicitar personalmente la respectiva partida al ministro de Economía, Luis Carranza, mañana en el Consejo de Ministros. Algo que debe quedar en claro es que en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio, ese monto ya está aprobado.

Además, el titular de la PCM, sostuvo que no habrá ningún condicionamiento para la transferencia del dinero, que debe concretarse esta semana. Como lambayecano, reconoció la importancia del Proyecto Alto Piura porque es una obra que generará nuevos y mayores empleos, reducirá la pobreza y reactivará el agro altopiurano.

Sin embargo, en caso que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas no entreguen la partida para el Alto Piura, el titular de ese portafolio será denunciado constitucionalmente por oponerse a una norma legal aprobada en el Congreso de la República, al margen también de la promesa que hiciera el presidente Alan García Pérez.

Los piuranos somos gente de paz y nos gusta vivir en armonía con todos. Por el momento estamos facilitando el diálogo con las autoridades gubernamentales, tomando la iniciativa de reunirme con el premier. Sin embargo, si hay respuestas desfavorables para el pueblo piurano, respaldaré el paro regional convocado por el Frente Regional de Defensa del Agua y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, para el 25 de marzo.

Con respecto al agua del Río Huancabamba, sobre este tema no hay nada que discutir. El asunto ya fue zanjado hace tiempo y sus aguas, según los expertos, beneficiarán a los proyectos Alto Piura y Olmos. El representante de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Sevilla afirmó recientemente que “el Estado definió 335 millones de metros cúbicos del Río Huancabamba para el Proyecto Alto Piura. Si Piura ya tiene agua que siga. Si el proyecto Olmos tiene las obras a medio hacer, debe concentrarse en solucionar su problema”.

Es cierto que desde los inicios del siglo pasado la idea fue trasvasar las aguas del Río Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos, pero también es real que las aguas del Huancabamba que nace en las alturas de Cajamarca ocupa gran parte del departamento de Piura, de ahí su nombre. No queremos que en nombre del Proyecto Olmos, los piuranos nos veamos privados de un proyecto que ya tiene cerca de 50 años de lucha y que beneficiará el riego de más de 31 mil hectáreas de cultivo y ampliar la frontera agrícola del departamento en 34 mil nuevas hectáreas, con el respectivo desarrollo pecuario y forestal.

Los piuranos estaremos vigilantes para que se cumpla con la Ley, viviendo con dignidad y sin quitarle nada a nadie. Pero también expresando, que se nos respete y no se afecte nuestros derechos. Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a la unidad y al diálogo con paz, pero que no se confunda que nuestra tranquilidad es sinónimo de conformismo social.

PROBLEMA DEBE SER CONSIDERADO EN PLAN ANTICRISIS

ALPAQUEROS

La congresista Gloria Ramos (Compromiso Democrático), remitió el oficio 386 – 2008 – 2009 GDRP/CR, al Presidente de la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas de la Región Pasco en respaldo a la justa medida de lucha que efectuaron el 17 de febrero, con una pacifica movilización por las principales calles de Cerro de Pasco, por la grave situación que se encuentran los productores alpaqueros, ovejeros, criadores de ganado vacuno, cooperativas comunales y comunidades campesinas por la crisis económica mundial.

La representante por Pasco, reafirmo su compromiso con esta organización para efectuar las gestiones ante las instancias correspondientes a fin de que se considere dentro del Plan Anticrisis el álgido problema y la solución de su plataforma de lucha, manifestando que esta crisis pone en riesgo la economía de los productores de las distintas regiones del país.

Dentro de la Plataforma de Lucha demandan declarar al sector agropecuario en emergencia y considerar en el Plan Anticrisis. Asimismo, precio justo a la fibra de alpaca, implementación del plan ganadero nacional con presupuesto correspondiente, cumplimiento de la estrategia Nacional de Camélidos Sudamericanos, funcionamiento del Agro Rural en Pasco con autonomía y funcionarios pasqueños y respeto al territorio de las comunidades campesinas y alto a la contaminación ambiental.

TRANSPARENCIA EN PROCESO DE LICITACIÓN

PROYECTO ALTO PIURA

La congresista Rosa María Venegas Mello, solicitó al presidente regional, César Trelles Lara, la información relacionada con la aprobación de la selección por encargo que realizará la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS por sus siglas en inglés) del proceso de licitación de las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Al amparo del Artículo 96º de la Constitución Política de Estado, concordante con el Artículo 87º del Reglamento del Congreso, y en aras de la transparencia en la gestión y ejecución de la obra, la parlamentaria pidió una copia del Acuerdo de Consejo Regional que aprueba la suscripción del Convenio Internacional de Administración entre el Gobierno Regional de Piura y UNOPS.

La UNOPS es la entidad que se encarga de la administración de proyectos, brindando estos servicios en diferentes países del mundo para satisfacer las necesidades de sus clientes, para lo cual requiere adquirir o contratar bienes o servicios, utilizando procedimientos de selección aceptados internacionalmente, y que se ajustan a los principios de honestidad, competencia, transparencia, economía y precio justo.

La legisladora, también solicitó el Anexo Específico de Ejecución del Componente I del citado proyecto, así como el Informe de la Oficina de Presupuesto sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento de la contratación objeto del encargo a UNOPS.

Asimismo, Venegas Mello, pidió al gobierno regional, los respectivos informes de la Oficina de Administración sobre las ventajas y beneficios de la concertación del convenio y sobre las obligaciones y responsabilidades de UNOPS y del Gobierno Regional de Piura contenidas en el contrato; así como el compromiso de la UNOPS, de que los procesos se sujetarán a normas uniformes aplicables según los estándares internacionales y que cumplan los principios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, y la capacitación en materia de compras al personal que el Gobierno Regional de Piura designe.

En opinión de Venegas, el pueblo de Piura debe conocer con transparencia cómo se realizarán las obras y qué mecanismos se utilizarán para la gestión del proyecto. En ese sentido, pidió también el informe sobre la obligación del Gobierno Regional de incluir las contrataciones en el Plan Anual de Contrataciones, que debe contener el registro en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) de la convocatoria de los procesos de contratación que realice UNOPS, el resultado de los mismos, los consultores, ejecutores, proveedores adjudicados, montos y contratos celebrados.

También solicitó que se informe si se encuentra considerado el compromiso y la provisión de información periódica al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Contraloría General de la República y al OSCE (Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – ex Consucode), respecto de la ejecución del encargo, sin perjuicio de aquella que sea solicitada por estas entidades.

Esta información es de vital importancia, debido a la transcendencia que significa el Proyecto Alto Piura, el cual considera que todos los actos referidos a los procesos de licitación y contratación deberán estar sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia, transparencia y probidad.

Puntualizó afirmando que en su condición de congresista, representante del departamento de Piura, tiene la obligación y el deber de cautelar el buen uso de los recursos financieros de los piuranos”.

FUNCIÓN FISCALIZADORA EN CASO PETRO-TECH

Por Rosa María Venegas Mello / Congresista de la República

Diversas lecturas se leen sobre el rol que debe tener la comisión congresal para investigar la reciente venta de las acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano y el posible impacto que tendría esta transacción en el Estado peruano. Entre dimes y diretes se está perdiendo la objetividad de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República, motivando titulares periodísticos que lo único que hacen es distraer la finalidad de la investigación.

El caso de Petro-Tech no es el único que por falta de decisión política de los diversos gobiernos de turno, se han convertido ahora en lesivo a los intereses de todos los peruanos. Tal vez, sólo sea la punta de un iceberg que urge darle una mirada para evitar nuevas sorpresas.

Es cierto que desde sus orígenes este contrato fue viciado al no cumplirse con las normas contenidas en la licitación internacional, que establecía otorgar la buena pro a una empresa de capitales foráneos o dueña en su totalidad de las acciones de sucursal alguna. Pues bien, este contrato se suscribió con Petro-Tech Peruana, sucursal de Petro-Tech Internacional y propietaria sólo del 99 por ciento de las acciones. Los ex ministros Daniel Hokama y Jorge Camet Dickman probablemente tengan mucho que decir sobre este caso. Es más, el actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también debe saber algo, en virtud que fue asesor del MEM en esos años.

Si bien es cierto que la moción para conformar la Comisión Investigadora el pasado jueves 12 de febrero fue investigar las razones de la venta y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado, también es real que la autonomía del Congreso de la República, permite que esta comisión no puede tener restricciones para la elaboración de su trabajo. Creemos firmemente que esta comisión debe investigar, no solamente posibles irregularidades recientes, sino lo actuado desde sus orígenes cuando se presume que hay vicios cometidos.

Hay quienes creen que un posible “exceso” de la comisión atentaría contra las inversiones en el país. Eso no es así. El Congreso no tiene facultad para modificar una relación contractual como son los convenios y contratos internacionales, pero sí los congresistas tenemos el deber ético de denunciar actos que atenten contra los intereses nacionales.

El reputado jurista francés André Hauriou, afirmaba que un parlamento es un conjunto de censores que obliga a los gobernantes a justificarse públicamente y someter a la crítica pública las razones de su política. Desde esta perspectiva, el contrato con Petro-Tech es un caso de interés público y por lo tanto, sujeto a la crítica y análisis de sus censores, en este caso del Congreso de la República.

Además, las comisiones investigadoras no constituyen solamente un control político, sino también proveen elementos de control jurídico. Precisamente, en la labor fiscalizadora de sus integrantes, está la base de la seguridad jurídica que requieren las inversiones para establecerse en el país. Los inversionistas deben saber que para hacer buenos y exitosos negocios en el Perú, se requiere cumplir con normas limpias y transparentes, así como de los mecanismos de control que tienen las diversas instituciones del Estado.

Ver otros artículos en el siguiente link:
www.rmvmperiodista.blogspot.com

CASO DE ATENTADO CONTRA FISCAL DE LA NACIÓN

PRONUNCIAMIENTO

Atentado contra la Fiscal de la Nación es atentado contra el sistema democrático y el estado de derecho que no debe quedar en la Impunidad.

Un sistema democrático se sustenta en la fortaleza y efectividad de sus instituciones, cualquier atentado contra las autoridades que los representan, significa atentar contra el sistema en su conjunto. En ese sentido, el frustrado atentado acaecido el sábado 31 de enero contra la vida de la señora Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaiz Ramos, es una situación de extrema gravedad que nos llama a tomar una posición firme de rechazo a todo intento que pretenda amedrentar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Significa también una señal de desafío de las mafias involucradas en la corrupción contra la vida democrática del Perú y significa a la vez una manifestación de una metodología, por demás conocida, que busca la impunidad a través de la intimidación por el crimen.

Todos sabemos y hemos felicitado al Ministerio Público por el papel que viene asumiendo en un conjunto de casos vinculados a importantes personajes comprometidos a la corrupción, sobre todo a los que vienen desde la mafia fujimontesinista, del que sus principales líderes están siendo sujetos a importantes juicios de carácter histórico en los cuales el Ministerio Público ha merecido el reconocimiento nacional e internacional por sus funciones, solicitando para muchos de ellos penas ejemplares de acuerdo con el derecho interno.

El grupo Parlamentario Compromiso Democrático, expresa su solidaridad con la señora Fiscal de la Nación y el Ministerio Público. Del mismo modo manifiesta su condena categórica a dicho atentado y a sus perpetradores, Invoca a los diversos grupos políticos y a los grupos parlamentarios a mantenerse firmes y atentos a los resultados de la investigación que el Poder Ejecutivo debe realizar en forma inmediata hasta encontrar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

Washigton Zeballos Gámez (Coordinador)
Gloria Ramos Prudencio
Rosa María Venegas Mello

CONGRESISTAS INTEGRANTES DEL GRUPO ESPECIAL COMPROMISO DEMOCRÁTICO

Lima, 2 de febrero 2009